Masters derecho

Abogados y notarios apoyan que el matrimonio civil y el divorcio de mutuo acuerdo se celebre ante notario

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado el desarrollo de una ley de mediación y de jurisdicción voluntaria que permita que muchos de los asuntos que actualmente deben ser tramitados por vía judicial, como es el caso de los matrimonios civiles o los divorcios de mutuo acuerdo, puedan ser tramitados ante notario.

Se trata de una medida encaminada a paliar el colapso actual de los iuzgados en nuestro país y que permitirá que muchos asuntos que en estos momentos están atascados se resuelvan más rápidamente.

Los especialistas en derecho han acogido con entusiasmo la medida. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha defendido la posibilidad de que no sólo notarios y registradores sino también abogados contribuyan a resolver problemas en este ámbito.

También han pedido ampliar sus competencias en otros ámbitos para agilizar la Justicia, entre las que han citado la posibilidad de que los abogados puedan firmar documentos que tengan validez previa presentación en el registro.

El Consejo General del Notariado también está de acuerdo con esta medida ya que considera que los 3.000 notarios que hay en España se encuentran en una posición idónea para asumir determinadas funciones que pueden enmarcarse en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, como puede ser la tramitación de matrimonios civiles y divorcios siempre que sean de mutuo acuerdo y no afecten a los derechos de los menores.

Enormes diferencias salariales entre los especialistas en derecho de grandes y pequeñas empresas

Aunque todos los estudios indican que los especialistas en derecho son de los profesionales que menos están sufriendo la crisis, lo cierto es que la brecha salarial entre los grandes despachos y los profesionales autónomos de los pequeños bufetes, es cada vez más pronunciada.

Un estudio del Instituto de Empresa (IE) y Signium Internacional ha analizado la remuneración de más de 6.000 abogados de los más de 8.000 que conforman la nómina de los grandes despachos, unos 25 en toda España. Entre 2010 y 2011 sus salarios han aumentado en torno al 5%, un 7% en el caso de los socios y directivos. Nada más entrar en uno de estos grandes despachos un abogado cobra una media de 30.972 euros anuales. Los salarios van subiendo en función de la categoría profesional, incluyendo una importante remuneración variable. Según el estudio, un abogado junior cobra una media de 40.679, un asociado 62.061, un asociado senior 96.601 y un directivo 135.431 euros anuales.

En el otro lado de la balanza se encuentran los profesionales que ejercen el derecho en los despachos pequeños que, según el mismo estudio, pueden cobrar de media entre 15.000 y 20.000 euros anuales. Si además se le suma que algunas comunidades autónomas están ahora pagando los honorarios del turno de oficio correspondientes al primer trimestre de 2011, la realidad de estos profesionales es muy distinta.

Y, ¿cómo se entra a trabajar en un gran despacho de abogados?

Según este estudio los abogados deben haber finalizado la carrera de derecho con un expediente brillante, hablar idiomas, tener un master y tener una capacidad de trabajo resolutiva.

Eso sí, no es oro todo lo que reluce ya que trabajar en un gran bufete de abogados no sólo implica un gran sueldo sino requiere una dedicación exclusiva, una especialización y por supuesto trabajar más horas de lo estipulado por sistema, una media de 11 horas diarias.

Los abogados de la defensa consiguen una sentencia absolutoria a Camps que desata la polemica

Un jurado popular ha absuelto a Francisco Camps, licenciado en Derecho y ex presidente de la Comunidad de Valencia, del delito de cohecho por no haber encontrado pruebas que demuestren que recibió trajes procedentes de la trama Gürtel. Eso si, el jurado le considera "no culpable" por 5 votos a 4, una votación muy ajustada a la que se llegó tras 15 horas de deliberaciones.

Y ahora, según los expertos en derecho, se abren varias polémicas.

La primera cuestión que preocupa a los abogados se refiere a lo rápido que se olvida en ocasiones la presunción de inocencia de los acusados y el daño moral que se les podría causar si, como en este caso, el acusado sale inocente.

Un larguísimo juicio, incontables portadas de prensa y minutos de televisión y la dimisión de su cargo han sido algunas de las consecuencias de este proceso. En esos casos, ¿cómo se garantiza el derecho al honor?

La otra polémica que ha suscitado esta sentencia es la idoneidad del jurado popular en nuestro país que cuenta con casi igual número de partidarios que de detractores. Muchos aseguran que un jurado profesional formado por jueces hubiera condenado a Camps y que así se verá en el recurso mientras otros hablan de la falta de pruebas para convencer de su cumpabilidad.

Las redes sociales están que arden y ambas polémicas están servidas. ¿Qué postura se alzará con la victoria?

Abogados obligan a Facebook y Twitter a borrar los datos de los usuarios cuando causen baja

Los expertos en Derecho de la Comisión Europea ha presentado una norma para garantizar el "derecho al olvido" en las redes sociales, lo que permitirá a los usuarios exigir a empresas como Facebook que borren completamente sus datos personales o fotos cuando se den de baja en el servicio.

La legislación, redactada por especialistas en derecho y tecnologia, obligará a las compañías como Facebook a borrar los datos de una persona de forma inmediata y completa si ésta lo reclama de forma explícita y no existe ninguna razón legítima para retenerlos.

La propuesta de los abogados comunitarios exigirá que la configuración de las redes sociales garantice la "privacidad por defecto", de forma que los datos de los usuarios no puedan hacerse públicos salvo si éstos han dado su permiso expreso.

El Ejecutivo comunitario quiere garantizar un fácil acceso de los usuarios a sus propios datos y reconocerá también un "derecho de portabilidad", es decir, el derecho de obtener una copia de los datos almacenados por una red social y la libertad de trasladarlos a otra.

Este reconocimiento es una de las principales novedades de la reforma de las normas sobre protección de datos en la UE. La nueva legislación supondrá un conjunto único de reglas sobre protección de datos válido de forma inmediata, una vez aprobada por los Gobiernos y la Eurocámara, en toda la UE. Ello será bueno para la economia de la UE ya que ahorrará a las empresas alrededor de 2.300 millones de euros al año, según los cálculos de Bruselas.

Especialistas en derecho aplauden la creacion de la primera revista universitaria sobre gestion de conflictos

Los especialistas con un master en derecho aplauden la salida al mercado de una revista,'Mediatio', dirigida por  Javier Alés Sioli. Se trata de la primera revista universitaria sobre gestión de conflictos, con una periodicidad trimestral y que nace con el objetivo de crear una línea de investigación científica y profesional que sirva de apoyo al desarrollo de la mediación en el campo de la gestión extrajudicial de conflictos.

La revista pretende también atender a la difusión y profesionalización de la actividad mediadora y convertirse en referente en el panorama nacional e internacional para investigadores y profesionales de la mediación.

Está realizada por especialistas tanto de los campos del derecho como de la psicologia y la mediación en la resolución de conflictos.

De hecho su director, Javier Alés, es profesor de Derecho administrativo del departamento de Derecho Público de la Olavide y director de los títulos de Máster y Especialista en Mediación Familiar, Educativa y Comunitaria de esta misma universidad. Asimismo, es director de la Escuela Sevillana de Mediación, presidente de la Asociación Andaluza de Mediación Familiar AMEFA y director en España de la Fundación Cereco Embajada de Paz Argentina. Tiene numerosos artículos y libros publicados sobre mediación familiar y derecho público y privado, entre los más recientes destaca la Guía Práctica sobre 'Mediación' y el libro 'La Magia de la Mediación', en coautoría con Juan Diego Mata.

Los estudiantes de derecho se niegan a la implantacion del nuevo master

Los estudiantes de la carrera de derecho no parecen estar muy de acuerdo con la entrada en vigor de un reglamento que les obliga a cursar un master obligatorio y realizar un examen estatal para ejercer la profesión, por lo que a partir de ahora no bastará con colegiarse.

A los nuevos titulados de esta carrera universitaria se les va a implantar un master en derecho cuyo coste estará entre los 6.000 euros, en la universidad pública, y los 24.000 en la privada.

La mayoría de los estudiantes están de acuerdo con la existencia de hacer un examen de acceso pero no pagar un master y por ese motivo han convocado manifestaciones en toda España.

La medida afecta a las dos últimas generaciones de licenciados, unas 25.000 personas, y el master en derecho se empezará a cursar el año que viene.

El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos da la razon a los masters en derecho en el caso Odyssey

Los masters en derecho españoles se han mostrado satisfechos por la resolución del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos que ratifica a favor de España en el litigio por el "caso Odyssey", obligando a la empresa a devolver los objetos arqueológicos hallados en el pecio de un buque español.

Desde que el 18 de mayo de 2007, Odyssey anunciara que había encontrado y transportado un cargamento de monedas procedente de un barco, que resultó ser "La Mercedes", a los Estados Unidos, el estado español encargó el caso a un selecto grupo de masters especializados. La idea era averiguar en qué lugar encontró la empresa el botín, a qué pecio pertenecía, con qué permisos contaba para hacerlo y si lo halló en aguas española con la intención de poder reclamar este tesoro.

Las investigaciones dieron su fruto y los masters seleccionados demostraron, gracias al amplio material fotográfico, los cañones, anclas, armas, efectos personales y monedas encontrados que el barco expoliado por Odyssey era "La Mercedes".

En su escrito, los masters en derecho españoles invocaron principios legales, entre ellos el derecho de una nación a proteger sus sitios y su patrimonio histórico (incluidos barcos hundidos) de cualquier tipo de perturbación y expolio por cazatesoros. También alegaron que "La Mercedes" está protegida por los mismos principios de inmunidad soberana que se aplican a los barcos de Estado de todas las naciones, que prohíben la perturbación no autorizada o explotación comercial de los mismos.

Masters en derecho analizan la ampliacion de la duracion de los derechos de autor

El tema de la propiedad intelectual y los derechos de autor ha constituido una gran fuente de polémica en nuestro país y era algo que preocupaba sobremanera a los masters en derecho por la cantidad de reclamaciones que suscitaban, sobre todo a raíz de la investigación que acabó con la dimisión de Teddy Bautista. En este contexto, la Unión Europea ha tomado una decisión nuevamente polémica: ampliar los derechos de los productores y artistas musicales.

El Consejo de la UE ha aprobado una propuesta que aumenta los derechos de los artistas y productores de composiciones musicales en 20 años más. Si hasta ahora, una pieza musical conservaba sus derechos durante 50 años a partir de la fecha de su grabación, ésta iniciativa extenderá el plazo hasta los 70 años.

La medida aprobada por los masters en derecho de la Unión Europea sitúa en un listón parecido a compositores (los autores de la pieza), artistas (los que la interpretan) y productores (los que la graban). A día de hoy, los compositores/autores mantienen sus derechos hasta 70 años después de su muerte. Con esta decisión, la Unión Europea concede también 70 años de derechos a artistas y productores, aunque, en este caso, se contará a partir de que el tema haya sido grabado.

El motivo esgrimido por los masters especializados que han creado esta norma es que los artistas comienzan sus carreras muy jóvenes y el anterior plazo de 50 años ni siquiera protegía sus actuaciones durante toda su vida.

Según los masters consultados, los países miembros de la UE dispondrán de dos años para incorporar las nuevas disposiciones en sus legislaciones.